La factura eléctrica media del año 2021 para los 10 millones de consumidores con tarifa regulada (PVPC) se elevará, previsiblemente, hasta los 664 euros anuales, un 25% más de lo que se pagó en 2020 por la luz cuando el precio medio se situó en 512 euros. Así lo ha reconocido la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados.
La factura de la luz sigue subiendo y los consumidores perdiendo
La perspectiva para los consumidores es, de nuevo, un horizonte duro en el que el precio de la luz seguirá alcanzando niveles históricos lo que queda de año, con el consiguiente encarecimiento de la factura. Unos efectos que, además, ya se están notando en la pérdida de poder adquisitivo de las familias: el encarecimiento de la luz ha provocado la subida del 0,4% del IPC en el mes de agosto, con una variación interanual del 3.3%, situándose en los niveles más altos desde octubre de 2012.
Ante esta perspectiva, la ministra Ribera ha anunciado medidas estructurales para intentar abaratar la factura de la luz en los próximos años a través, principalmente, de dos vías: la reducción de los llamados beneficios caídos del cielo (windfall profits), que provocan que el precio final lo fije la última energía que entra en la subasta, y por consiguiente, la más cara; y la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico para eliminar del recibo el coste de las primas a las energías renovables y con el que se plantea abaratar la factura final en un 13%.
Medidas en el buen camino, pero insuficientes para rebajar la factura
Desde ADICAE advertimos que, aunque estas medidas marcan el camino de aliviar el elevado importe final de la factura de la luz, se trata de acciones cuyos resultados no se verán hasta dentro de varios años. Es necesario acometer medidas inmediatas para combatir la pérdida de poder adquisitivo y, en particular, de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. En relación al Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, por ejemplo, aunque en teoría beneficiará al consumidor con el ahorro en su factura, habrá que vigilar que dicha rebaja no sea trasladada por parte de los operadores energéticos al bolsillo del usuario.
La ministra Ribera se ha mostrado favorable a las demandas de las asociaciones de consumidores para abordar una reforma de la tarifa PVPC. El objetivo, limitar el impacto del mercado marginalista en sus facturas. En su comparecencia ha anunciado que estudiará la posibilidad de incluir nuevos indicadores para que la fijación de precios sea más estable en el futuro. Una propuesta que para ADICAE sigue siendo insuficiente. Es palpable la necesidad de saber qué indicadores de referencia se utilizarán y cuál será el efecto real en el consumidor medio.
Es necesario acometer medidas inmediatas para combatir la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad
Por una reforma integral que beneficie a los consumidores
Durante su intervención, además, la ministra ha remarcado que las actuaciones que impulse el Gobierno para acabar con los desajustes del sistema energético nunca incurrirán en vulneración del marco normativo europeo. Así, ha descartado la intervención de los precios finales, la fijación de precios máximos o mínimos, o la modificación del sistema de subastas para el precio mayorista. Eso sí, ha advertido que, ante las prácticas de las compañías hidroeléctricas en los desembalses masivos producidos este verano, el Ejecutivo iniciará la modificación de la Ley de Aguas para evitar que se repitan estos comportamientos en el futuro.
ADICAE valora estas iniciativas, pero sigue considerando insuficientes los esfuerzos para acabar con un problema que cada día afecta a miles de consumidores y que, según las previsiones del propio Gobierno, lo seguirá haciendo hasta finales de este año. Para ADICAE es necesario tomar medidas inmediatas y apostar por una Ley integral que garantice el suministro básico de energía como derecho, además de reducir las tarifas energéticas con una reforma integral del sistema que beneficie a todos los consumidores.
