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Derecho a reparar: Así está ahora mismo la legislación y reclamaciones sobre Obsolescencia Programada

Desde Otro Consumo es Posible y ADICAE hemos hablado en varias ocasiones de la obsolescencia programada. Una práctica que es muy real pero que también está en el punto de mira debido a que en varias ocasiones algunas empresas y marcas se han escudado en ella para ofrecer productos y servicios que por su durabilidad no parecen ofrecer todas las garantías al consumidor.

Esto vuelve a poner sobre la mesa el debate de cómo se puede abordar esta cuestión por parte de las autoridades legislativas y las posibles soluciones.

Desde la Unión Europea se han implementado algunas soluciones contra la Obsolescencia Programada, introducidas ya por la Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), pero que legislativamente están más enfocadas desde el punto de vista de la reducción de residuos (que un aparato dure lo máximo posible para evitar la generación de desechos). Este fin en sí mismo está muy bien, pero también hacía falta una legislación enfocada directamente desde el punto de vista del consumidor y su protección. Y ahí es cuando apareció el llamado ‘derecho a reparar’.

Qué es el Derecho a Reparar y qué tiene que ver con la obsolescencia programada

En noviembre de 2020 el Parlamento Europeo aprobó una nueva iniciativa a favor de un mercado único más sostenible en el que se incentivaba dotar a los consumidores de un “derecho a la reparación”. Para ello, proponen que las reparaciones sean más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea mediante la ampliación de las garantías, ofreciendo garantías para las piezas de recambio o mejorando el acceso a la información sobre la reparación y el mantenimiento.

También insisten en que debe aumentarse el apoyo a los mercados de bienes de segunda mano, piden medidas para poner fin a las prácticas que reducen la vida útil de un producto y respaldan la producción sostenible. Los eurodiputados reiteran su petición de un cargador único para reducir los residuos electrónicos y reclaman el etiquetado de los productos y servicios en función de su durabilidad (por ejemplo, por medio de un contador de uso e información clara sobre la duración estimada de la vida útil de un producto).

Parece claro que todos preferimos reparar antes que tirar y comprar un nuevo producto. Y no solo por el ahorro económico, sino también medioambiental. Según una encuesta del Eurobarómetro, el 77 % de los ciudadanos de la UE preferiría arreglar sus dispositivos en vez de sustituirlos y el 79 % considera que debería exigirse legalmente a los fabricantes que faciliten la reparación de los dispositivos digitales o la sustitución de sus componentes.

Las leyes que protegen al consumidor frente a la obsolescencia programada

Esta normativa, no obstante, sigue pendiente de traslación nacional, aunque ya se están dando pasos hacia ello.

A nivel estatal, en España, la nueva Ley de garantías del consumidor que ya está aplicada desde el pasado 1 de enero de 2022 alargan el periodo de garantía de los 2 años que había vigente a 3.

Con estas modificaciones se espera aumentar la durabilidad de los bienes, que desde un inicio estarán fabricados con el objetivo de cumplir, como mínimo, los nuevos plazos de garantía de la ley.

El el futuro, aunque todavía es solo un proyecto, se espera que a esta Ley también le acompañe una nueva normativa que apruebe lo que se ya se está denominando como Índice de Reparabilidad: un indicador que dejaría ver a los consumidores de forma rápida antes de adquirir un producto su facilidad de reparación en función de diversos factores. Similar a las letras de eficiencia energética con las que ya estamos más habituados.

Si bien estos pasos hacia delante están muy bien, hay algunos factores que quedan por ver cómo se materializan, como la mejora de la información precontractual o antes de la compra, o la disponibilidad garantizada de piezas de recambio. Dos condiciones que deberían ser necesarias para el buen funcionamiento del derecho a reparar.

Si quieres saber más sobre la obsolescencia programada y tus derechos, descarga aquí nuestro informe Obsolescencia y consumo. Que dure más de lo que compramos.

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