Hace ya casi dos años que desde la Unión Europea se había promovido que los países miembros impulsaran la prohibición de los plásticos de un solo uso para transitar hacia modelos en los que se fomente la reutilización por delante del usar y tirar.
El pasado 8 de abril, el Gobierno de España aprobó la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados que, entre otras muchas cosas, traslada ese objetivo de eliminar los plásticos de un solo uso.
Pero la nueva Ley llega con otras muchas novedades que nos afectan como ciudadanos y consumidores y que pasamos a recopilar en las siguientes líneas.
Para empezar, repasemos los objetivos que se marcaban desde Europa. Estos eran, ya para 2020, que todos los países miembros debían prohibieran determinados productos de plástico de un solo uso y reciclar un 50 por ciento de sus residuos, cifra que aumenta hasta el 60 por ciento para 2030 y el 65 por ciento en 2035. Pero, según datos de Eurostat, España se estaba quedando en un 36 por ciento.
Dos nuevos impuestos verdes se ponen en marcha
Con la entrada en vigor de la nueva ley se pondrán en marcha dos impuestos verdes: el primero, sobre los plásticos de un solo uso y un segundo que gravará los residuos depositados en vertederos. El objetivo es reducir en nuestro país un 15 por ciento la generación de residuos en 2030 respecto a los niveles de 2010.
Cómo queda la prohibición de los plásticos de un solo uso
Sobre la prohibición de los plásticos de un solo uso, a partir de la entrada en vigor de la ley no se podrán comercializar algunos de los siguientes productos que hasta ahora se podían encontrar en los supermercados.
- Bastoncillos de algodón que contengan plástico
- Cubiertos y platos de un solo uso
- Pajitas o recipientes para bebidas hechos de poliestireno expandido
Y, además de esto, la normativa también prohíbe los microplásticos en cosméticos o productos de limpieza.
Además de los incluidos entre los prohibidos, otros residuos de plástico también deberán ser reducidos, como los vasos o los recipientes para alimentos destinados a consumo inmediato. El objetivo marca una disminución del 50 por ciento en el 2026 y del 70 por ciento en el 2030 respecto a las cifras del 2022.
Los productos deberán reflejar que contienen o están hechos con plásticos de alto impacto
Los fabricantes también están obligados a poner una información clara en los productos que contengan plásticos con mayor impacto ambiental, como toallitas húmedas o compresas, para que el propio envase indique su utilización correcta.
Agua del grifo en los bares, otro cambio de la Ley
Ya fuera del tema de los plásticos, aunque también con la intención de evitar el uso de botellines y vasos, la ley también establece la obligación de que se ofrezca agua gratis en los bares y restaurantes.
“En los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita”, cita el texto. Además, las administraciones, en sus edificios públicos, deben instalación de fuentes públicas para fomentar el consumo de agua no embotellada.
La venta a granel, impulsada en los supermercados
Para acabar, la normativa también impulsa la venta a granel en los supermercados obligando a los de más de 400 metros a dedicar, antes de que acabe 2023, al menos el 20 por ciento de su establecimiento a la venta de productos sin plástico. También se obliga a los establecimientos a aceptar el uso de recipientes reutilizables.
La otra pregunta: ¿se impulsará el sistema de retorno de envases?
Desde hace años se viene debatiendo en España sobre la conveniencia o no de establecer un sistema de retorno de envases, que cambiaría o sería complementario al actual modelo del contenedor amarillo.
De esto también hay novedades, aunque solo se contempla como último recurso. Esta nueva ley abre la puerta a que se implante este sistema si para el año 2023 no se ha llegado a una tasa del 70 por ciento de botellas recicladas y el 85 por ciento para 2027. Si estos objetivos no se cumplen, la norma podría implantar el sistema de depósito devolución y retorno en todo el territorio en el plazo de dos años.
