Durante la comparecencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció la expedición de un cheque adicional al bono social térmico por valor de 90 euros y que se entregaría “en el mes de diciembre”.

Una vez publicado el Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, la redacción definitiva del artículo segundo, en el que se detalla la mejora de la protección de los beneficiarios del bono social térmico para 2021, solo establece el cambio en el multiplicador de la fórmula para el cálculo de la cuantía, hasta ahora cifrada en 25, pasa a ser de 35, así como que la ayuda a un consumidor vulnerable severo “será un 60% superior a la asignada en su zona climática a un consumidor vulnerable”.

Queda pues a la espera de explicación por parte del Ministerio o la regulación correspondiente el efectivo desarrollo del cheque como importe independiente al bono o si se trata simplemente de una actualización del cálculo del mismo. Así como de la forma de tramitación para que pueda ser ingresado en el mes de diciembre, cuando el importe del bono social térmico se hace en el primer trimestre de cada año.

Una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a los consumidores por la escalada de precios del mercado mayorista ha sido el aumento del porcentaje de descuentos del bono social eléctrico del 40 al 70% en los consumidores vulnerables severos y del 25 al 60% en los vulnerables.

Aunque la medida favorecerá a los casi 1,2 millones de consumidores que a día de hoy se benefician del bono, aliviando aún más el importe de su factura, la medida no corrige el problema de base. Esto es, que el número de beneficiarios del bono social eléctrico llegue, no solo a este millón de hogares, sino a los más de cuatro millones que según ADICAE, cumplen los criterios para hacerlo. Para ello, es necesaria una reformulación del sistema promoviendo que, desde las administraciones y las comercializadoras, se facilite la solicitud del descuento por parte de los consumidores que cumpliesen dichos requisitos.

La falta de transparencia por parte de las productoras y comercializadoras de energía ha sido otro de los aspectos que ha querido corregir el Gobierno con el nuevo Real Decreto. En concreto, el Ejecutivo modifica la Ley del Sector Eléctrico para exigir a estas empresas “información correspondiente a los instrumentos de contratación a plazo de la electricidad” en el caso de las productoras y “fecha de celebración del instrumentos de cobertura, fecha de entrega o liquidación de la energía, volumen de energía afectado, la contraparte del contrato, el precio y el perfil y el tipo del producto negociado”. Además, se exige que las comercializadoras avisen “de forma transparente y comprensible” cualquier intención de modificar los contratos a los usuarios.

Estas medidas, en la línea de la anterior inclusión del comparador de ofertas de la CNMC (desactualizado durante varios meses) en la factura eléctrica para favorecer la comparación de ofertas por parte de los consumidores, avanzan hacia un sistema más transparente y justo para los usuarios.

Sin embargo, se hace imprescindible, además de la exigencia de información a las empresas del oligopolio energético (al final comercializadoras y productoras pertenecen al mismo grupo), una efectiva fiscalización y supervisión por parte de los organismos públicos para evitar prácticas abusivas y campañas de captación agresivas como las que ADICAE ha venido observando y denunciando en los últimos meses. Ante la escalada de precios, las grandes compañías energéticas han aprovechado para lanzar ofertas y tarifas planas con la intención de atraer a los consumidores que se rigen por el mercado regulado al mercado libre.

En el mes de septiembre, con el precio medio del megavatio hora en España en 156 euros, el Gobierno impulsó un ambicioso plan de choque para rebajar el precio de la electricidad. Una batería de medidas, entre las que estaban reducciones fiscales y medidas de protección a consumidores vulnerables, que ADICAE no solo saludó, sino que apoyó de manera decidida, al considerar que marcaba el camino hacia una “resolución permanente y sistemática del problema de la tarificación eléctrica”.

En esta ocasión, con el precio en el mercado ibérico superando con holgura los 200 euros por megavatio hora, para el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán las medidas aprobadas en este último Consejo de Ministros suponen “una mejora del contexto regulatorio en España” que “reducen el efecto negativo” de la norma anterior y “mejoran la situación de antes”.

A la vista de la enérgica oposición por parte de las compañías del oligopolio energético -principalmente Iberdrola- ante el anterior decreto gubernamental, es llamativa la relativa buena acogida que han tenido las nuevas medidas por parte del sector.

Durante la rueda de prensa, la ministra Ribera explicó que la minoración de beneficios a las eléctricas prevista en el anterior decreto no afectará a la energía producida por las instalaciones cubiertas con algún instrumento de contratación a plazo cuando el precio de cobertura sea fijo o con un periodo de cobertura superior a un año. Además, los productores tendrán que remitir una declaración responsable y documentada sobre la energía cubierta por instrumentos de contratación a plazo.

El Gobierno cumple así una de las principales reivindicaciones de las eléctricas tras la aprobación del decreto de septiembre, al considerar que la minoración de beneficios planteada repercutiría negativamente en sus cuentas