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Escalada de la luz: Cinco claves para no perderse, este jueves a debate con ADICAE

Ante la polémica generada, los abusos recurrentes y la confusión generalizada respecto al sistema de determinación de los precios de la energía, cuyo incremento hasta sucesivos máximos históricos es noticia casi diaria, ADICAE organiza un debate en el que de la mano de expertos en la materia se facilitará una adecuada comprensión sobre qué es lo que está pasando, a qué causas obedece la situación actual y qué posibles alternativas de todo tipo pueden mejorar la posición y derechos de los consumidores ante un suministro tan fundamental como el de la electricidad y la energía.

Para contextualizar correctamente de qué estamos hablando, cinco claves fundamentales resumen de manera completa la evolución de un mercado, el oligopolio eléctrico, que ha estallado con fuerza sobre el bolsillo de los consumidores. Sobre esto, y sobre lo que viene, hablaremos este jueves 14 de octubre, a las 18 horas.

Es posible inscribirse al debate en estos dos enlaces: en nuestras propias sedes y vía online.

Un aumento de la factura de entre un 20 y un 30%

El propio Gobierno cifra entre un 20 y un 30% el aumento de precio medio de la factura de la luz en los últimos meses en España, a consecuencia de la escalada de los precios mayoristas de la energía fundamentalmente influidos por el gas natural y la insuficiencia de fuentes propias de energía. Esa escalada de precios de la ‘materia prima’ es mucho mayor, pero se atempera en el recibo final de los hogares debido, fundamentalmente, a que los consumidores mantienen a raya su consumo de energía; en realidad, apenas un tercio de la factura eléctrica se debe directamente a lo que se consume realmente.

Un mercado oligopólico, de falsa competencia

El resto de la factura son, básicamente, herencias de un mercado eléctrico oligopólico, manejado por muy pocas manos, proveniente de una liberalización opaca y fuertemente controlada por un puñado de empresas ramificadas entre fondos de inversión, instituciones poco conocidas y la propia banca. Fruto de este dominio, una estructura de facturación incomprensible desde hace ya años, en la que se cobran al consumidor subvenciones a un supuesto déficit tarifario o a supuestas inversiones en renovables, impuestos ad-hoc que rayan la doble imposición y, sobre todo, una presunta «potencia contratada» por la que al consumidor se le hace pagar no por la luz que gasta, sino por los aparatos eléctricos que podría encender a la vez.

En este terreno de juego conviven un puñado de productores y distribuidores, y una enorme cantidad, más de medio millar, de comercializadoras a la caza del consumidor ‘por tierra, mar y aire’. La mayor parte de esas comercializadoras pertenecen a las grandes empresas eléctricas, energéticas o de consumo masivo. Y tratan de sobrevivir un puñado de comercializadoras independientes, vinculadas a la producción sostenible y las energías renovables, que junto con los consumidores y la industria son los grandes afectados de esta escalada de precios.

Una regulación poco comprensible

Fruto de ese mercado oligopolístico, un encofrado normativo igualmente poco transparente y poco adaptado a las necesidades de los consumidores. Fundamentalmente, se divide a los usuarios entre ‘mercado regulado’ y ‘mercado libre’, una distinción imprecisa que en realidad sólo distingue entre aquellos consumidores cuyas facturas son herederas de la estructura eléctrica pública previa a la privatización, y el resto de consumidores. En la práctica, unos y otros están sometidos a las mismas prácticas comerciales abusivas de las grandes comercializadoras, y la única diferencia es que la normativa española somete al ‘precio regulado’ al vaivén directo del precio mayorista, lo que atemoriza a los consumidores y les predispone al ‘mercado libre’.

El papel de los reguladores y los supervisores va poco más allá de una vigilancia poco activa. El comparador de ofertas de la CNMC sigue confirmando que el precio regulado es más barato que el 95% de las ofertas de las comercializadoras de mercado libre. Y los expertos anticipan que en cuanto la energía estabilice costes y estructuras, el PVPC seguirá siendo más favorable a los intereses de los consumidores. Pero no hay entre las instituciones una apuesta clara por informar y formar a los usuarios con transparencia y sin influencias del oligopolio eléctrico.

Las medidas del Gobierno

Entre todo este cóctel de ingredientes, el Ministerio de Transición Ecológica ha impulsado una primera batería de medidas que, de momento, se han centrado en rebaja la parte fiscal de la factura eléctrica, con el objetivo de que el recibo de los consumidores camine en los mismos parámetros que en años anteriores. Además, ha puesto sobre aviso los «beneficios caídos del cielo» de las eléctricas, encontrándose con una fuerte oposición, en tono incluso subido, por parte de las eléctricas y los defensores del oligopolio. Precisamente esta semana el Congreso de los Diputados debatirá acerca de las medidas que el Gobierno quiere implementar para intervenir sobre el mercado del gas y la materia prima eléctrica.

ADICAE ya ha expresado su apoyo y predisposición ante estas medidas del Gobierno, defendiendo la intención de las autoridades de intervenir sobre el mercado eléctrico con vistas a defender a los consumidores ante la escalada de la luz. Un calendario de reuniones entre las asociaciones y el Ministerio de Transición Ecológica servirá para trabajar en común hacia un modelo energético realmente sostenible.

El indispensable papel de los consumidores

Y ADICAE participará en primera línea en este intercambio, con el objetivo de que los consumidores disfruten de un modelo eléctrico estable y accesible para todos, sin la angustia que en estos momentos se vive. El 22 de octubre se cierra una consulta pública sobre la posible modificación del precio regulado, en un debate en el que ADICAE defenderá la vigencia del modelo, su interés para los usuarios y su pervivencia bajo un mandato: los cambios deben dar pie a un modelo mejorado, que garantice a todos los consumidores un suministro eléctrico suficiente, sostenible y en condiciones asumibles para todos.

Porque, antes de cambiar lo que funciona, es posible incidir en lo que aún está vigente pero no funciona. Empezando por el acceso de los consumidores al bono social eléctrico, un descuento de al menos un 25% en la factura al que no acceden el 70% de los hogares que podrían hacerlo. Las eléctricas demoran, desincentivan y finalmente expulsan a los consumidores de su tramitación, hurtándoles con ello la posibilidad de acceder a la principal medida de moderación del precio de la luz que hoy está todavía en vigor.

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